El proceso de refinanciación de Grupo Hispania, en el que está involucrado el Banco Popular, ha sufrido modificaciones en relación a los procesos judiciales en los que está inmerso José Ramón Carabante. Según informa el diario Negocio, “buena parte de los activos de Hispania han quedado embargados por orden del tribunal de arbitraje que se ocupa de la denuncia presentada en su día por Carabante por presunta estafa en la venta de la compañía que adquirió a Trinitario Casanova.”
Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso el diario, los tres árbitros que conforman el tribunal acordaron admitir a trámite las medidas cautelares que solicitó en su día Casanova para evitar que el nuevo dueño de Hispania dispusiera de los activos mientras se resolvía el procedimiento. A mediados de la semana pasada, el tribunal decidió embargar buena parte de los activos de Hispania de los que, por lo tanto, no se podrá disponer hasta que se publique el laudo definitivo.
En las últimas semanas, Carabante llegó a un principio de acuerdo con el Banco Popular para refinanciar la deuda que mantiene con la entidad presidida por Ángel Ron y la principal garantía la constituye el conjunto de activos de Hispania.
El diario Negocio asegura en su artículo que “tras examinar el escenario, Banco Popular ha detectado un problema con los costes de la empresa por lo que ha impuesto un techo de gasto a Hispania, que las fuentes cifran en 500.000 euros mensuales. Bajo esta condición ha aceptado una mayor flexibilidad en el pago de la deuda de Hispania con la entidad, que se va por encima de los 400 millones de euros.”
Mientras, el procedimiento de arbitraje para dirimir la denuncia por presunta estafa presentada por Carabante continúa su camino y se espera la resolución para los próximos meses.